La ley de protección de datos personales no es sólo un asunto de TI y ese es exactamente el problema.

¿Por qué el DLP aporta pero no es suficiente?

Tener un Sistema de Prevención de Pérdida de Datos (DLP) es una buena práctica técnica, pero no es lo mismo que cumplir la ley. Son dos marcos distintos, con responsables distintos y consecuencias distintas.

Roberto Opazo explica dónde termina uno y empieza el otro, y por qué confundirlos es el error más común en las organizaciones.

¿Quién es responsable de qué y ante quién?

La ley define roles con nombre y apellido: Responsable del Tratamiento, Encargado, DPO. El error más caro en cualquier empresa es no tener eso claro antes de que llegue una fiscalización y, cuando dos áreas rinden cuentas por lo mismo, ninguna lo hace.

¿Cómo se ve “estar en cumplimiento”?

La diferencia entre declarar políticas y demostrar evidencia operativa. El Registro de Actividades (RAT), el Modelo de Prevención de Infracciones (MPI) y la pregunta que lo resume todo: si la Agencia llega el lunes, ¿qué carpeta abres? Roberto Opazo nos dará mayor claridad de qué considerar y cómo abordarlo.

Gerencia TI

Lo que TI enfrenta sin decirlo

Las demandas sobre el área TI crecen — cumplimiento normativo, soporte, ciberseguridad, transformación digital — mientras el presupuesto se ajusta. Ahora se suma esta ley. Y resulta que la seguridad técnica (DLP, MFA, cifrado) es condición necesaria, pero no suficiente. Hay un responsable legal diferente al técnico, y no siempre está en TI.

Gerencia General

El deber fiduciario que aparece en la letra chica

La ley establece que la responsabilidad por el cumplimiento recae en quien toma decisiones — no en quien opera los sistemas. El Directorio y la Gerencia General aprueban la política, asignan presupuesto y responden ante la Agencia. No delegar sin entender qué se está delegando puede resultar caro. Muy caro.

Gerencia A&F

Los números que aún no entraron al presupuesto

Infracciones gravísimas llegan hasta 20.000 UTM (~1.300 millones de pesos). En reincidencia, hasta 2%-4% de los ingresos anuales. Y eso sin contar la suspensión de operaciones de hasta 30 días que la Agencia puede aplicar. No es un escenario abstracto: es un pasivo contingente que no está en ningún reporte financiero todavía.